¿Comunidades Seguras o Inseguras?

Comunidades Seguras ha enfrentado a tres gobernadores demócratas con la también administración demócrata de Barack Obama en un debate sobre la efectividad y los objetivos del controversial programa.

Massachusetts, Nueva York e Illinois se resisten a implementarlo hasta tanto no se revise y se aborden los serios cuestionamientos de que el programa originalmente creado para remover del país a los criminales extranjeros más peligrosos está deportando a miles de personas sin ningún historial criminal.

Lo interesante es también que en cada oportunidad, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reitera que la negativa de estos gobiernos estatales no frenará la ampliación del programa que esperan opere a nivel nacional para el año 2013.

El diario The Boston Globe, de Massachusetts, cita  una fuente anónima del DHS diciendo que la negativa “retrasaría un poco la implementación estatal pero nuestra posición es que seguiremos ampliándolo cuando estemos listos y donde estemos listos”.

El Inspector General del DHS investigará los alegatos en contra del programa pero esa pesquisa arranca el año entrante.

Todavía existen dudas entre algunos sectores en torno a la voluntariedad del programa, algo reflejado en las declaraciones de la Secrearia de Seguridad Pública de Massachusetts, Mary Elizabeth Heffernan:

“Estamos renuentes a participar si el programa es obligatorio y no estamos dispuestos a participar si es voluntario”.

El programa, creado a raiz de los ataques terroristas del 2001, ya opera en 1,331 jurisdicciones locales de 42 estados.

Aunque hay jefes de policía y alguaciales que lo apoyan, son muchas las voces de otros agentes del orden en contra del programa por considerar que mina la relación entre la policía y la comunidad atentando al final contra la seguridad de todos.

Michael Hennessey, alguacil de la ciudad de San Francisco, es uno de los agentes del orden público a nivel nacional que ha señalado que “para mantener la seguridad pública se requiere de la confianza de la comunidad”, de todos los miembros de la comunidad, incluyendo los indocumentados, para que reporten delitos, ya sea como testigos o como víctimas. “De lo contrario, los crímenes no se reportan y esto afecta a todo mundo, ciudadanos y no ciudadanos por igual”.

El DHS  debería escuchar atentamente lo que tienen que decir los expertos que lidian de primera mano con asuntos de seguridad pública. No es por pura coincidencia que están de acuerdo ni pura coincidencia que incluso gobernadores copartidarios del presidente, algunos de ellos cercanos aliados, estén cuestionando los objetivos y los efectos reales del programa que no hace honor a su nombre.

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