El cartel del gas: una sociedad México Americana

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Es una película de vaqueros pero al contrario, dicen los abogados de Pemex. Los malos no llegan del norte a esconder su alijo en México, sino que se roban la mercancía en este país y la venden en Estados Unidos donde las autoridades mexicanas no pueden perseguirlos.

La metáfora en reversa está descrita en una demanda radicada en Texas por Petróleos de México, Exploración y Producción (PEP) contra 12 empresas de Estados Unidos a las que acusa de comprar gas condensado que previamente ha sido robado por narcotraficantes. PEP es una agencia descentralizada del gobierno de México.

El documento legal se lee justamente como una película del viejo oeste, pero con utilería moderna. Allí se describe una operación bien calculada que podría ser tan lucrativa como el narcotráfico y que cuenta con una larga cadena de presuntos cómplices, la mayoría en Estados Unidos con nombres gringos e hispanos.

A diferencia de otras películas que la gente no quiere que se las cuenten, ésta vale la pena adelantarla para que los espectadores tengan una idea del grado de refinamiento al que han llegado los carteles de la droga mexicanos en una alianza poco conocida con empresas legalmente constituidas en Estados Unidos.

El escenario donde se desarrolla la acción es un campo de explotación de gas en la cuenca de Burgos, al noreste de México, de 70,000 kilómetros cuadrados de extensión en el que operan 2,827 pozos de gas y 150 estaciones de recolección.  Decenas de camiones recogen el gas en las estaciones para llevarlo a Reynosa, Tamaulipas, desde donde el producto  es enviado por un gasoducto a un centro de procesamiento o transportado en camiones cisternas a la refinería Cadereyta, en Nuevo León.

En cualquier momento del día los narcotraficantes, aprovechándose de la soledad de estos parajes, llegan a un centro de transferencia y extraen el gas con equipos especiales. Otros grupos prefieren asaltar los camiones y llevarse el producto.
“Los carteles construyen túneles y lo que es más sus propia conductos para facilitar los robos’’, afirma la demanda de PEP.

Cuando en el control de mando de la empresa se registra una sospechosa pérdida de presión, se despachan helicópteros militares y privados, pero la extensión del yacimiento es de tal magnitud, que muchas veces es imposible llegar a tiempo para pillar a los ladrones.

El producto termina generalmente en Texas. Los robos suman más de $300 millones desde el año 2006.

Al hacer la consabida deducción de cómo detener el asalto, los abogados de Pemex llegaron a la lógica primaria que también se aplica al negocio de la droga, el producto principal de los mismos carteles que se roban el gas. Si no hay narices adictas, no hay cocaína. En este caso, afirman los demandantes, el negocio dejaría de existir si en Estados Unidos no le abrieran las cisternas al gas tumbado. No es solamente un problema de pérdidas contables sino de violencia, agregan

El otro punto interesante que la demanda resalta es que no es difícil que un comprador sospeche que está comprando gas hurtado, pues en la industria se sabe que Pemex no vende el producto a pequeñas empresas o a través de intermediarios.

La demanda divide en varios grupos a los compradores presuntamente responsables: a unos como a las firmas estadounidenses Big Star, Superior Crude y F&M, los acusa de participar “activamente y con conocimiento en la conspiración para importar y poner el gas en el mercado’’; a otros como TransMontaigne los compromete porque “sabían o debían saber que sus instalaciones estaban siendo usadas para el tráfico de bienes robados’’.

Según la demanda, la venta de gas condesado “requiere una conspiración en Estado Unidos para pasar el gas por la frontera, lavar su fuente y fraudulentamente distribuir y vender el producto al beneficiario final’’.

¿Pero cómo justifican en la frontera el transporte del producto?

Falsificando documentos que reflejan que se trata de gas de Pemex, y, si los papeles o los choferes no parecen convincentes, pues sobornan a guardias fronterizos, afirma la demanda. Los querellantes no aclaran de qué lado son los funcionarios sobornados.

Las empresas demandadas no se han pronunciado.

En Estados Unidos se ha perseguido penalmente a algunos responsables. Uno de ellos, Arnoldo Maldonado Maldonado, el propietario de la compañía de transporte Y Oil and Gas se declaró culpable de transportar el producto en camiones cisternas. Maldonado trabajaba con Big Star, según alega la demanda civil.

Timothy Brink, presidente de Continental Fuels y Donald Schroeder deTrammo Petroleum, también se declararon culpables en Estados Unidos de participar en el esquema de recibir y vender el producto a sabiendas de que no venía de su verdadero dueño. Gases del oficio.

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